La noción subyacente es que los adolescentes deben ser tratados con igual respecto como individuos por los adultos, las instituciones, y la ley, en base a su humanidad, más que ser considerados como "ciudadanos de segunda-clase", intelectualmente inferiores, o propiedad de los adultos. Esta discriminación toma muchas formas, incluyendo la carencia de derechos de ciudadanía, como por ejemplo el voto y derecho de tener actividades políticas, así como el desarraigo cultural y económico. Al mismo tiempo, se requiere a la mayoría de los adolescentes pagar los precios de adulto en la admisión a las instalaciones de ocio (teatros, cines, parques de atracciones), y el transporte.